Pacto fiscal por el campo

Pacto Fiscal para el Campo

Los campesinos han iniciado hoy un nuevo paro nacional en protesta contra la política del gobierno izquierdista de la presidente Claudia Sheinbaum. Sus principales demandas son:

• No a la propuesta de Ley General de Aguas Nacionales enviada por Sheinbaum al Congreso.

• Mejores precios de garantía para los granos.

• Subsidio energético.

Como hemos analizado en ocasiones anteriores, los precios de garantía pueden ser perjudiciales para cualquier bien o servicio. La intervención del Estado en el sistema de precios a menudo termina por distorsionar el mercado y suprimir su capacidad de autorregulación.

Entonces, ¿Cómo si podemos mejorar las condiciones en el campo? La respuesta es simple: mediante un Pacto Fiscal para el Campo.

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En qué Consiste el Pacto Fiscal

El Pacto Fiscal para el Campo busca exentar de impuestos a empresas y personas físicas en proporción directa a la inversión que realicen en el sector.

Ejemplo: Supongamos que Grupo Salinas realiza una inversión directa en infraestructura para el campo por un valor de 50 millones de pesos. Este monto de 50 millones de pesos invertidos sería descontado del pago de impuestos de Grupo Salinas.

El objetivo es fomentar la coinversión para la modernización del campo y la desmonopolización de la industria, especialmente frente a actores dominantes como MASECA, cuyo rol es significativo en la precarización del precio del grano.

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Beneficios y Requisitos para el Sector Agrícola

Los beneficios de este pacto fiscal no se limitan a los grandes inversionistas. Es fundamental crear la infraestructura fiscal necesaria para un esquema económico que fomente la prosperidad de los trabajadores del campo.

Para poder recibir y aprovechar la inversión privada, los agricultores y sus empleados deben operar en la formalidad. Esto garantiza el acceso a derechos laborales y para evitar la precarización salarial, debe existir una descuento del pago de impuestos en paralelo al gasto en salarios, es decir si pagas 2 mil pesos la semana de trabajo a un jornalero en la formalidad, pues serían 2 mil pesos menos a pagar en impuestos, asegurando que la inversión privada no sea acaparada solo por el administrador o empleador.

Los agricultores también recibirían un descuento en el pago de impuestos que sería proporcional a la suma del gasto nominal (salarios y prestaciones) de sus trabajadores.

Ejemplo: Un agricultor recibe una inversión de 50 millones de pesos y genera 70 millones de pesos en producción. Si debe pagar el 8% de esos ingresos en impuestos ($5.6 millones), puede reducir el pago de impuestos aumentando los salarios de sus trabajadores, ya que el descuento será mayor cuanto más se les pague.

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Inversión Social y Rol del Gobierno

Además, si los administradores del campo invierten en obras comunitarias—como la construcción de clínicas y abastecimiento de medicamentos, la creación y conservación de caminos, o la construcción de aulas para combatir el analfabetismo y el rezago educativo—, toda esa inversión será descontada en paralelo al pago de impuestos.

De nuevo la explicación. Si en inversión comunitaria se realiza un gasto de 7 millones por parte de los administradores del campo, entonces se descuenta 7 millones del pago de impuestos.

En este pacto fiscal el tope de excepción de pago de impuesto es 0, es decir el Estado no puede deberle a un inversor dinero.

Como vemos, este pacto fiscal garantiza el acceso a la movilidad social y el mejoramiento de las condiciones de vida a través de la inversión privada. En este esquema, el gobierno opera únicamente como un supervisor que verifica que las cantidades invertidas no sean simuladas y que los administradores no malversen los fondos.