Solución a los Fraudes Inmobiliarios.

Solución a los Fraudes Inmobiliarios

En ciudades principales como León de los Aldama, México, los fraudes inmobiliarios están a la orden del día. Aunque inicialmente la solución ofrecida por los gobiernos municipal y estatal consistía en asesorar a los afectados para buscar apoyo jurídico en materia civil, la escalada de este problema exige que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera inmediata, pues no se trata de casos aislados.

Durante 2025, tan solo en el municipio de León, se reportaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) un total de 1,964 denuncias por "Fraude Patrimonial". Si consideramos que cada denuncia representa a una familia, y que la familia promedio en Guanajuato está conformada por 4 personas, hablamos de 7,856 personas que vieron vulnerado su derecho humano a la vivienda.



El argumento que sostienen el municipio y el estado al solicitarles auxilio es, en teoría, válido: el principio de legalidad solo permite a los representantes del Poder Ejecutivo y a sus funcionarios desempeñar las funciones explícitamente reconocidas por la ley. Sin embargo, no están agotando sus recursos. Es parte de sus facultades remitir proyectos de reforma o nuevas leyes ante las autoridades legislativas pertinentes para cumplir con su responsabilidad primordial: salvaguardar el bienestar ciudadano.

La solución a este delito requiere una estructuración legislativa transversal, pero no imposible. Estas son las acciones propuestas:

  1. Persecución de oficio: Convertir el fraude patrimonial en un delito que se persiga de oficio cuando se cometa contra personas físicas o morales. Esto evitaría el deslinde de responsabilidades de los gestores y que la carga legal recaiga únicamente en una persona moral, que muchas veces resulta ilocalizable.

  2. Extinción de dominio o transferencia al municipio: Facilitar la transferencia de la propiedad al municipio en casos donde exista una escritura del terreno delimitado por los defraudadores. Esto permitiría municipalizar los predios y brindar certeza jurídica a las transacciones realizadas.

  3. Reforma a la Ley de Desarrollo Urbano: Modificar la normativa para que el permiso de construcción solo se otorgue una vez cubiertos los costos de municipalización. Así, en caso de abandono de obra, los compradores no se verían afectados por la falta de certeza jurídica sobre la propiedad ni por la carencia de servicios públicos.

  4. Facilitación de expropiación por fraude: Permitir la expropiación de terrenos fraudulentos y la transferencia de la propiedad a los afectados de forma proporcional al valor de costo original (sin plusvalía), permitiendo que el comprador recupere el terreno planeado inicialmente.

Hoy en día, aunque la respuesta institucional se limite a la orientación jurídica, existen las bases necesarias para transformar esta realidad y proteger el patrimonio de los ciudadanos.


Fuentes y referencias.

Fiscalía General del Estado de Guanajuato. (n.d.). https://portal.fgeguanajuato.gob.mx/PortalWebEstatal/Inicio/Formularios/graficos.aspx

Inegi. (2020, March 4). México en cifras.https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=11



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